El bufet Feliu trenca el silenci

Ho féu ahir horabaixa, a través d'una nota en la qual assegura haver estat «linxat, assetjat i difamat amb una ferocitat que ratlla l'acarnissament».

Els responsables del bufet acusen diferents instàncies judicials i els mitjans de comunicació de Mallorca "sense especificar quins" d'haver trepitjat l'ètica jurídica i professional que els haurien de caracteritzar i d'atemptar contra l'essència de la justícia.

Fins ara, ni el principal imputat en el cas, Miquel Feliu Bordoy, ni cap dels membres del bufet, s'ha prestat a fer declaracions relacionades amb el cas. Aquesta primera nota del despatx de missers també denuncia que alguns responsables de la investigació no han respectat el secret de sumari i han vulnerat així la seva presumpció d'innocència i d'altres drets processals.

Des que esclatà l'operació Llampec, els mitjans de comunicació de Mallorca han estat molt atents als moviments de la fiscalia Anticorrupció i dels diferents jutges que instrueixen el cas. El bufet Feliu es constituí com a epicentre de les investigacions i de l'atenció mediàtica amb la presumpta implicació de Miquel Feliu en les dobles vendes de solars a Cala Llamp i amb el fet que set membres de la família Feliu estan imputats en la peça que investiga el blanqueig de doblers.

Diari de Balears considera que el comunicat del bufet Feliu és un document de primer ordre per entendre el seu punt de vista respecte a les acusacions de què ha estat objecte en els darrers mesos. Per aquesta raó, es reprodueix de manera íntegra i en versió original de la llengua espanyola.

«Hemos sido linchados, acosados y difamados»

Durante los cinco meses transcurridos desde que se abrieron diligencias a este Bufete de Abogados por presuntos delitos de blanqueo de capitales, de falsedad documental y contra la Hacienda Pública, diligencias materializadas en querella criminal interpuesta por el Ministerio Fiscal, a través del fiscal Juan Carrau Mellado, este despacho ha mantenido un absoluto silencio por una única razón: su profundo respeto hacia las normas procesales "propias de un Estado de Derecho" vigentes en nuestro país que exigen ética, jurídica y profesionalmente atenerse al secreto del sumario decretado por el juez y la plena convicción de que la sede judicial es la única instancia "exclusiva y excluyente" para entender y debatir los hechos que se enjuician.

Comoquiera que, durante los cinco meses transcurridos, estos sacrosantos principios procesales, de obligado cumplimiento por todos y, muy especialmente, por las instancias jurisdiccionales y fiscales, han sido vulnerados de forma tan clamorosa como injusta, con reiteración rayando en el ensañamiento, podría interpretarse nuestro respetuoso silencio como aquiescencia, aceptación o allanamiento, tanto a las imputaciones que se nos han hecho como a los procedimientos extrajurídicos y extraprocesales que han acompañado a dichas imputaciones.

El antiguo dicho de «el que calla, otorga» podría inducir esta falsa imagen de aceptación, por lo cual, en ejercicio de una legítima defensa y en un escenario que ni hemos buscado ni hemos deseado, nos vemos obligados a denunciar ante la opinión pública "que, por lo visto, se ha convertido en Juzgador" toda la serie de anomalías, irregularidades y prejuzgamientos a que nos hemos visto sometidos durante este calvario.

Hemos sido linchados mediáticamente, acosados y difamados con una ferocidad inédita, tanto en los usos procesales como en los usos periodísticos. Se nos ha causado un daño irreparable con desprecio absoluto por este derecho fundamental de los ciudadanos que se llama la presunción de inocencia. Ha saltado hecho añicos el secreto sumarial, con filtraciones sesgadas y manipuladas que ni siquiera han merecido la obligada investigación y que han provocado un auténtico «juicio paralelo» sin las garantías de las que es acreedor cualquier ciudadano y generando la indefensión absoluta del justiciable. Se ha convertido en una caricatura el «principio garantista» de la tutela judicial efectiva que inspira tanto la institución de la imputación como la instrucción judicial y la función de la Fiscalía en defensa de la legalidad. Y, sobre todo y esto resulta lo más doloroso, este Bufete ha echado en falta este principio que ennoblece la función jurisdiccional: la tutela judicial efectiva que ampara al justiciable cuando sus derechos y libertades han sido injustamente violados, que es exactamente lo que nos ha ocurrido.

Para ayudar a que la opinión pública- devenida, insistimos, en auténtica sede judicial para entender el caso que nos ocupa- posea una información completa, ahí van una serie de ejemplos de muestra de las irregularidades y anomalías que han salpicado todo el itinerario instructor: =Se ha publicado en la prensa, que la Fiscalía ha ofertado ventajas, llamémoslas «procesales» (no solicitar la prisión incondicional, por ejemplo), a co-imputados o testigos a cambio de incriminar a miembros del Bufete Feliu. El que se ha negado "sencillamente, porque era falsa la especie que quería confirmar el fiscal" ha ingresado en prisión. El que, por el contrario, ha abonado la pretensión del fiscal , está en la calle, a pesar de estar imputado «con cargos». =Ha habido ocultación "y nos ahorramos el juicio moral que nos inspira este comportamiento" por parte de la Fiscalía del ofrecimiento, directo y personal, por parte de miembros de nuestro Bufete de colaboración que incluía el registro del Despacho para una mejor investigación de los presuntos delitos que se estaban investigando. Este ofrecimiento se produjo dos meses antes de la sonada intervención policial, a bombo, platillo y abundante acompañamiento mediático. El hecho de que se produjera una escenificación desmesurada e innecesaria, cuando tenían el ofrecimiento sincero y claro, obliga inevitablemente a interrogarse severamente acerca de las intencionalidades, métodos y criterios de una Fiscalía que así se comporta. =Lo grave de las constantes y sistemáticas filtraciones que se han producido y se siguen produciendo (publicación en prensa del pasado sábado 8 de septiembre anunciando el recurso de Fiscalía frente al auto de día 6 del mismo mes) cuando está decretado el secreto del sumario, no sólo afectan a los miembros del Bufete Feliu, sino, lo que es más grave, a clientes de dicho Bufete que ni eran objeto de las actuaciones, ni tenían relación alguna con los casos que se sustanciaban en la instrucción judicial. Ni que decir tiene que este absoluto desprecio hacia ciudadanos que, sin comérselo ni bebérselo, han visto sus nombres sometidos a la sospecha pública, se completa con el desprecio y la auténtica violación del secreto profesional del abogado. Desprecio y violación que no debe sorprendernos cuando se repite el mismo hecho en una Notaría, machacando privacidades, confiscando documentos de gentes que nada tenían que ver con estos casos e invadiendo espacios intocables y protegidos constitucional, jurisdiccional y jurisprudencialmente de forma contundente. =Aún más grave si cabe, es la filtración a los medios de prensa de información de forma sesgada y/o manipulada que está protegida bajo secreto sumarial, por ejemplo: es totalmente falso lo publicado en un rotativo de esta ciudad en fecha 30 de agosto de 2007 que afirmaba que «los Feliu» habían constituido la sociedad «Desarrollo de Empresas Turísticas, S.A.» (Detursa), cuando dicha entidad se constituyó el 18 de diciembre de 1.962 (información pública accesible en el Registro Mercantil) cuando los hermanos Feliu Vidal no eran ni abogados. Da a entender también el artículo de agosto, que dicha sociedad pertenece a «los Feliu», cuando lo cierto es que, desde su constitución, el único que tuvo acciones de dicha entidad fue el abogado José Feliu Rosselló con un 4% del total. =Por último, y como corolario, cuando se levanta parcialmente, en la parte que afectaba a la acusación de blanqueo de capitales, el secreto de un sumario que era «secreto» para los imputados, pero no para los medios de comunicación, hemos podido constatar que dichas acusaciones están basadas en puras conjeturas, inadmisibles juicios de intenciones e intolerables insinuaciones que revelarían una patología persecutoria si no fuera porque estamos hablando de cuestiones muy graves, de la honorabilidad de unos profesionales y de algo tan importante como es el sagrado derecho constitucional a un proceso justo y a una escrupulosa observancia de todas las normas que regulan el proceso penal, como del principio de la presunción de inocencia que, en este caso concreto, ha sido sustituido por la «presunción de culpabilidad».

Y es que, como abogados y ciudadanos, queremos recordar el carácter paradigmático de la función jurisdiccional "en cualquiera de sus fases" y de la función de la Fiscalía que trascienden el caso concreto que se enjuicia para alcanzar la condición de categoría. Cuando se comete una injusticia, se desnaturaliza todo el sistema de garantías procesales y se atenta contra la propia esencia de todo el entramado jurídico-penal, no es sólo el Bufete Feliu y sus miembros los que sufren y padecen, sino la Justicia. La Justicia a secas y con mayúscula.